sábado, 1 de septiembre de 2012

APORTANDO LUZ: ARTÍCULO DE FRANCISCO J. BASTIDA - CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL

FRANCISCO J. BASTIDA.


CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las

víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de

su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al

horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el

agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la

Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de

mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte

más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de

los funcionarios se aplauden de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa

de los gobernantes por ver ratificada su decisión.



Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se

envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el

empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible;

pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia

de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una

garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece

constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al

mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza

«en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede

«expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente

previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos

funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no

funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con

el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener

que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado

son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar

en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a

gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los

ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen

objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites

por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad

del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el

gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta

estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada

vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y

de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de

libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés

en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego

tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo.

El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o

indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios,

influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios

e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender

la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la

corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para

atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se

tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en

la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal

sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es

comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se

quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general

para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o

privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario

del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje

media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de

trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los

llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como

un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no

alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una

persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo

entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un

personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar

que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura

demagogia para dividir a los paganos.

En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno

de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de

los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si

sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de

enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo

más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a

practicarlos de manera más discreta.

Francisco J. Bastida.

Catedrático de Derecho Constitucional.

Universidad de Oviedo.

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